Tren Interurbano México-Toluca recibe su tercera suspensión

  • Un juzgado federal dio la razón a habitantes de Ocoyoacac que exigen indemnizaciones por la construcción del proyecto.

Toluca, Estado de México.- Un juzgado federal en materia de amparo con sede en el Estado de México otorgó una suspensión que detiene las obras del Tren Interurbano México-Toluca, un nuevo revés judicial contra la construcción del mayor proyecto de movilidad en el sexenio.

Esto, luego de que habitantes de Santa María la Asunción Tepexoyuca, en el municipio de Ocoyoacac, presentaran un amparo contra el tren argumentando que su construcción afecta 32 hectáreas de sus tierras ejidales.

En entrevista con el diario El Financiero, el abogado Gustavo Olivares explicó que el juez también estimó que el Gobierno Federal ha incumplido en la entrega de indemnizaciones a los afectados. 

Los habitantes ya habían bloqueado la carretera México-Toluca para exigir que las constructoras detuvieran la obra en acato a una orden judicial, el pasado 11 de enero. Entonces, Olivares había declarado que dicha acción “era una manera de decirle a la autoridad que estamos cansados de la inconsciencia y de la violación que se está haciendo al derecho a la propiedad”.

Las otras dos suspensiones

Además de la suspensión de este enero de 2018, se ha ordenado la detención de las obras del Tren Interurbano México-Toluca en otras dos ocasiones.

El 12 de mayo de 2017, el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo con sede en Toluca concedió la suspensión de la obra en dos kilómetros lineales donde se encuentran los terrenos de 167 comuneros de San Juan Coapanoaya, en Ocoyoacac.

La sentencia emitida en esa ocasión, derivada de la solicitud de amparo 690/2017 promovida por los afectados, se debió a la falta del pago de sus predios por parte de la empresa GAP.

Asimismo, el 3 de octubre de 2016, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión a las obras del Interurbano en la zona de San Lorenzo Acopilco, en la delegación Cuanimalpa.

En ese juicio, se consideró que los trabajos no se dieron a conocer, además que afectaba polígonos indígenas, como lo señalaron los afectados en su solicitud de amparo

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