Ejercitan acción penal contra siete ministeriales por caso Tlatlaya
Agencia MVT
TOLUCA, México, 1 de Julio del 2015.- Después de un año, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ejerció acción penal en contra de siete policías ministeriales, de quienes no reveló su identidad, presuntamente relacionados con el delito de tortura, infringido en contra de víctimas de los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de Junio del 2014, donde murieron 22 personas, 11 de ellas presuntamente acribilladas por elementos del Ejército Mexicano.
En un extenso comunicado de prensa, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México refirió que se cuenta con elementos suficientes para señalar como presuntos culpables del delito de tortura a esos agentes ministeriales, derivado de la investigación relacionada con la recomendación 51/14 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la denuncia respectiva, por hechos posteriores a los incidentes registrados en el municipio de Tlatlaya.
“El Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México concedió orden de aprehensión en contra de cuatro elementos de la Policía Ministerial, misma que fue cumplimentada y derivado de ello fueron ingresados al Centro de Prevención y Readaptación Social de Almoloya de Juárez, donde un Juez determinará su situación legal; por los tres elementos restantes la orden de aprehensión está en proceso de ser otorgada por la Autoridad Judicial”, refiere el comunicado.
La dependencia precisó además que, de las investigaciones realizadas hasta el momento, “se desprenden datos de prueba suficientes para establecer que servidores públicos habrían maltratado física y psicológicamente a las 3 víctimas (V-23, V-24 y V-25, según la recomendación de CNDH) con el propósito de obtener información sobre las 22 personas que perdieron la vida en los hechos registrados en Tlatlaya y la presunta relación de éstos con un grupo delictivo con orígenes en el Estado de Michoacán”.
“La Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos realizó diversas diligencias, en las que las víctimas reconocieron a los servidores públicos señalados como probables responsables de tortura y maltrato.
Han comparecido hasta el momento más de 40 servidores públicos del Instituto de Servicios Periciales, Ministerios Públicos y Policías Ministeriales”, relata. Apunta demás que se ha brindado el apoyo necesario para que visitadores y personal de la CNDH, y en dos ocasiones visitadores adjuntos, estuvieran presentes en las diligencias cuando así lo solicitaron, además de que tuvieran la oportunidad de revisar todos los avances de la carpeta de investigación de manera libre y exhaustiva.
La PGJEM aclara finalmente que la investigación continúa y, de ser el caso, se deslindarán las responsabilidades de carácter penal que correspondan; ello, sin perjuicio de que las omisiones o deficiencias que pudieron darse en el trabajo del personal de esta Institución en el lugar de los hechos, también son materia de una investigación de carácter administrativo a cargo de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM), por lo cual han sido citados 53 servidores públicos de la Procuraduría estatal para su garantía de audiencia.