Sabiduría popular, Guzmán Loera y corrupción
Por Renato Consuegra
Siempre he sido un fiel creyente de que la sabiduría se obtiene, no por el conocimiento logrado en las instituciones de enseñanza, ni mucho menos por el generoso auto cultivo de las personas, sino por el sentido común que sólo una minoría desarrolla y que viene de la observación, el análisis y, a partir de ellos, el entendimiento para actuar en cada momento de la vida.
Esta reflexión queda muy a modo para aderezar el siguiente ejemplo, cuando a bordo de un taxi de la ciudad de Los Mochis el fin de semana pasado 10 días atrás, hago notar a su conductor –si quiere saber historias interesantes en alguna ciudad, pregúnteselo a ellos–, que a pesar de haber transcurrido apenas no más de 15 días de la detención de Joaquín Guzmán Loera, cuando escapaba de una persecución policiaco-militar, la ciudad se ve en calma, no existe el aparatoso patrullaje de camionetas y/o camiones artillados del Ejército y la Marina, que se llegan a observar en algunas zonas de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos y Veracruz , por citar a algunos estados de nuestra patria.
Allí no se ve la operación de ir a tapar el pozo después del niño ahogado. Salvo la patrulla de la policía municipal y dos uniformados que resguardan la casa donde localizaron, y de la que presuntamente huyó el famoso narcotraficante —de acuerdo con la versión oficial—, no existen más elementos de seguridad que realicen una ridícula presencia en la alcantarilla por donde salió, ni mucho menos en el Hotel donde fue llevado por los policías mientras esperaban ayuda.
—Ahhh, pues esto es como el juego de policías y ladrones—, responde el señor taxista a mis observaciones. Frunzo el entre cejo y lo miro a los ojos. —¿Usted no jugó a policías y ladrones cuando era chavalo? —, me cuestiona y para animarlo a que siga hablando le respondo que no. Entonces me pone una raspadita cuando me dice: “Pues usted no tuvo un infancia completa” y sigue su perorata con entusiasmo.
—Mire, ¿qué pasa cuando atrapan al ladrón?—, vuelve a preguntar y la respuesta sigue siendo “no sé”. —Pues lo vuelven a soltar porque si no se acaba el juego. ¿No le parece?—, afirma entusiasmado porque me acaba de dar una lección. Y pese a que sabía el resultado la acepto y la celebro. Sí. Claro que así es. Puro sentido común, porque en Los Mochis no se encuentra ningún campo de batalla y mucho menos existe la gran carga militarizada frente a lo que podría ser una venganza del crimen organizado.
Mucho menos hubo el ataque que, según las crónicas oficialistas, se “preveían” del lado de la delincuencia organizada para rescatar al famoso narcotraficante, quien, de acuerdo con su status debía tener al menos tres círculos de vigilancia y protección y no sólo a unos cinco o seis hacinados en una vivienda de un tamaño y espacios poco lógicos para alguien que huye, además de la ubicación.
Y precisamente, a lo largo de los últimos días desde el gobierno han querido apuntalar con crónicas oficialistas la versión de la captura, con el fin de dejar bien sentado que fue una operación hasta cierto punto heroica, sobre todo de los agentes de la Policía Federal que se resistieron a aceptar los millones de dólares, negocios y propiedades que les habría ofrecido Guzmán Loera.
Ayer, la PGR dio a conocer un video, donde trata de reafirmar la versión gubernamental de cómo fue la fuga y cómo la recaptura del narcotraficante. Sin embargo, no sólo bajó el primer video que subió a Internet por visibles errores de edición —que alimentan aún más el sospechosismo—, sino que hay errores que subsisten o hay contradicción de datos, porque nunca dan a conocer que quienes detuvieron a Guzmán fueron policías federales y las tomas son del hotel Doux, sin embargo la otra versión dice que a Guzmán Loera y su cómplice los detuvieron en la salida a Navojoa y al hotel los policías lo llevaron para resguardarse.
En fin. Esta operación se realiza desde el gobierno, precisamente días antes de que se diera a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 donde México permanece en la lista de los países más corruptos del mundo, pese a que pasó del lugar 103 al 95.
El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, se concentra en el sector público de los 168 países evaluados y es elaborado por expertos que, para emitir sus puntuaciones, consideran si los gobiernos en cuestión cuentan con mecanismos para que la población pueda exigir la rendición de cuentas a sus dirigentes, o bien, si existe un contexto donde predominen soborno e impunidad, frente a los actos de corrupción y la falta de respuesta por parte de las instituciones públicas.
De acuerdo con lo publicado, el informe destaca que los países que ocupan las primeras posiciones, presentan características comunes como: altos niveles de libertad de prensa; acceso a información sobre presupuestos que permitan al público saber de dónde procede el dinero y cómo se gasta; altos niveles de integridad entre quienes ocupan cargos públicos; y un Poder Judicial que no distingue entre ricos y pobres, además, que es independiente de otros sectores gubernamentales. ¿Acaso en México nos podemos ver al espejo ante estas características? La respuesta, contundente, es no, por mucho que desde el Gobierno Federal, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial digan que están dentro de estos parámetros.
Donde sí nos podemos ver la cara es en la otra parte del informe, donde dice que “las naciones ubicadas en los últimos lugares, se caracterizan por enfrentar: conflictos y guerras, gobiernos deficientes, instituciones frágiles y falta de libertad en los medios de comunicación. ¡Hey! Aquí estamos nosotros.
Así que su historia heroica sobre la captura de Joaquín Guzmán, que se las crean ellos mismos porque para la gente, como dijo bien el taxista mochiteco, la versión es otra: “si no lo sueltan se acaba el juego”. Y hoy es Guzmán Loera, como ya fueron otros y seguramente seguirán más delincuentes, quienes hagan el juego a los que mantienen el poder gubernamental mientras el Estado mexicano no haga a un lado su corrupción y cumpla con sus obligaciones constitucionales.